Desde el Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla queremos dar traslado y unirnos al comunicado que desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios se ha remitido a la Dirección General de Derechos de los Animales y a la Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, en relación al Programa VIOPET elaborado por la citada Dirección General.
Según se expone, el Programa VIOPET está enfocado a la “atención y acogida para animales de víctimas de violencia machista, aunque también se atienden casos de violencia intrafamiliar o paterno filial” y confiere participación a los veterinarios ayudando a difundir el proyecto para que las posibles víctimas de violencia de género y personal que les ayudan conozcan su existencia; se pretende que los centros veterinarios publiciten VIOPET mediante material gratuito y hacer del centro un punto de referencia informativa.
Además, el programa aspira a que los centros veterinarios constituyan una red de puntos de recogida de productos veterinarios para entregarlos a las casas de acogida y presten sus instalaciones como punto de encuentro de las personas que entregan y recogen animales procedentes de casos de violencia.
Finalmente establece que la atención veterinaria de rutina o incluso de urgencia sea realizada por determinados centros veterinarios que denomina “centros veterinarios de referencia”, y que actúen de manera solidaria estableciendo unas “tarifas que ayuden a la víctima y a su animal de compañía a superar de la mejor manera una etapa vital muy compleja”; por ello solicita a los veterinarios de referencia de VIOPET los siguientes descuentos:
– Consulta: mínimo 50%.
– Tratamientos obligatorios (vacunas; desparasitaciones, etc…): mínimo 15%.
– Esterilizaciones: mínimo 15%.
– Urgencias y otros: mínimo 5%.
Desde la Organización Colegial Veterinaria Andaluza, a la que pertenecemos de pleno derecho, se ha remitido al Director General de Derechos de los Animales un escrito al considerar que el programa VIOPET se fundamenta en la solidaridad del profesional veterinario para prestar sus infraestructuras, formación, conocimientos y trabajo sin recibir nada a cambio, lo que no resulta admisible.
Desde el Colegio Oficial de Veterinarios de Sevilla apoyamos todo lo que en él se comunica ya que debe tenerse en cuenta que la actividad del veterinario de ejercicio libre o autónomo ya está gravada de por sí con numerosos tributos y cargas sociales, incluido un injusto IVA al tipo general, sin recibir ninguna ayuda del Estado.
Es por ello que el programa VIOPET no contará con el apoyo institucional del ICOV de Sevilla mientras mantenga las gravosas condiciones exigidas a los veterinarios.
A continuación compartimos el escrito dirigido al Director General de Derechos de los Animales y a la Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030, elaborado por Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios y firmado por su presidente D. Fidel Astudillo Navarro.
Escrito dirigido al Director General de Derechos de los Animales y a la Ministra de Asuntos Sociales y Agenda 2030 elaborado por Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios.
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Dirección General de Derechos de los Animales.
D. Sergio Antonio García Torres
En relación con el programa VIOPET del que se nos ha remitido información, y en nombre de la Organización Colegial Veterinaria de Andalucía a la que represento, he de manifestarle lo siguiente:
- En primer lugar, toda iniciativa que sirva para la protección y amparo de los animales en casos, no ya de maltrato o abandono, sino ante la más mínima falta de atención, siquiera sea circunstancial o temporal, es bien acogida por el colectivo profesional veterinario, y esta sin duda lo es.
No obstante debemos recordar que existen multitud de circunstancias, provocadas no solo por la violencia machista o familiar, en las que se producen situaciones injustas que provocan falta de atención e incluso abandono y maltrato de animales. Por tanto, estimamos que es un asunto a tratar de una manera mucho más general y no solo atendiendo a determinadas situaciones particulares, sin perjuicio de que tales situaciones puedan dar lugar a medidas y actuaciones individualizadas.
• En segundo lugar, debemos recordarle que nuestro ordenamiento jurídico cuenta con normativa, tanto de ámbito estatal como autonómico, destinada a la protección de los animales, y que en el caso concreto de la comunidad autónoma de Andalucía a partir del año 2003, – en el que se promulga la vigente Ley de Protección Animal posteriormente desarrollada por la normativa de identificación y registro de animales de compañía, tratamientos obligatorios, etc. – ha venido mostrando un alto grado de eficacia en la consecución de los objetivos propuestos gracias, en gran parte, a la labor desarrollada por los profesionales veterinarios y por esta Organización Colegial.
Ello, sin embargo, no debe hacernos olvidar la necesidad de seguir avanzando en este ámbito. Efectivamente, es sin duda nuestro colectivo profesional el que, fruto de su experiencia, atesora el mayor grado de convicción tanto en la necesidad de profundizar en la mejora de la protección animal desde el punto de vista normativo – acometiendo las reformas legales necesarias -, como en el hecho de que la consecución de objetivos razonables es totalmente posible.
A día de hoy aún existen situaciones a mejorar y que requieren, no solo del necesario y adecuado desarrollo normativo, sino, sobre todo, de la implicación de las administraciones públicas – especialmente las de ámbito local – y de muchas de las entidades que prestan servicios de colaboración.
Por tanto sería deseable que, desde esta Dirección General, se arbitrasen medidas encaminadas a la efectiva consecución de los objetivos propuestos por la normativa vigente, sin perjuicio de su modificación y desarrollo, con objeto de seguir avanzando en la mejora de la protección animal en general y, como ya se ha dicho, sin limitarse a casos concretos o situaciones específicas.
• En tercer lugar, aun con nuestro agradecimiento por la participación activa que en este programa se confiere a los profesionales Veterinarios, debemos expresar nuestro total rechazo a que, nuevamente – como ocurre en otros de nuestros ámbitos profesionales-, se nos trate de imponer la reducción de nuestros honorarios.
El componente vocacional del colectivo veterinario es algo que está fuera de toda duda. Son frecuentísimos los casos en los que nuestros profesionales atienden a animales que, en situaciones de pérdida o abandono, sufren graves accidentes, sin que sus propietarios se hagan cargo de ellos o de sus cadáveres; también se ha convertido en cotidiana la colaboración prestada en la localización de los propietarios de animales perdidos – aún sin la debida cobertura y protección legal-, en muchos casos ante la pasividad de las autoridades competentes o, más recientemente, nuestra participación en la gestión y control sanitario de colonias felinas.
Ahora bien, lo que de ninguna manera puede ni debe ser aceptable es que, una vez más, y en esta ocasión de manera institucionalizada, se grave a los veterinarios con la carga de disminuir sus honorarios profesionales por las prestación de sus servicios – cosa que, curiosamente, no ocurre con ningún otro colectivo profesional- , pues por mucho que se trate de una profesión vocacional, en ella se basa el sustento económico de estos profesionales y de sus familias.
No podemos olvidar que en nuestro país, la atención Veterinaria no cuenta con un sistema similar a la Seguridad Social en medicina humana, y por tanto los veterinarios en ejercicio clínico, ni cuentan con el reconocimiento ni la condición de empleados públicos, ni con subvenciones o ayudas públicas de ningún tipo. Todo lo contrario.
Las clínicas veterinarias siguen sin tener consideración de centros sanitarios a pesar de la inestimable labor que en beneficio de la salud pública se desarrolla en las mismas.
Por otra parte, sigue sin ser atendida nuestra reiteradísima petición de que el tipo reducido de IVA vuelva a ser aplicable a todo tipo de servicios veterinarios (no solo a los prestados a las explotaciones ganaderas, tal como actualmente establece la normativa de dicho impuesto), lo que ha venido suponiendo un grave quebranto económico para nuestras clínicas y profesionales desde su implantación en el año 2012. Y ello a pesar de las promesas por parte del Gobierno de la Nación en tal sentido, la última del actual Ejecutivo – comunicada en octubre de 2018 a este Consejo Andaluz -, según la cual la aplicación del tipo reducido de IVA a los servicios Veterinarios se incluiría en la Ley de Presupuesto Generales del Estado del año 2019. Reforma que, como es sabido, no se produjo.
Incluso se nos obliga a gravar con el tipo general de IVA a aquellos medicamentos utilizados o cedidos dentro de nuestras actuaciones clínicas, – dentro de la limitadísimas prerrogativas que la normativa actual nos confiere en este sentido -, en lugar de poder hacerlo al tipo reducido, lo que provoca un gravamen añadido a nuestro trabajo y nuestros ingresos y provoca el rechazo y desconfianza de los propietarios de nuestros pacientes.
En definitiva, por los motivos expuestos y teniendo en cuenta nuestra obligación de defender los intereses del colectivo profesional al que representamos, – aun sin obviar nuestro agradecimiento por contar con la colaboración de los profesionales veterinarios en el programa VIOPET -, debemos expresarle que la Organización Colegial Veterinaria de Andalucía no va a apoyar dicho proyecto teniendo en cuenta el gravoso tratamiento que en el mismo se confiere a los profesionales veterinarios.
Quedamos como siempre a su disposición para tratar el asunto con más profundidad en la búsqueda de soluciones que puedan resultar satisfactorias para nuestro colectivo profesional.
Atentamente,
Fdo.: D. Fidel Astudillo Navarro
Presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales Veterinarios.